Las personas desempleadas mayores de 52 años a menudo se enfrentan a desafíos significativos al buscar empleo en el actual mercado laboral. Para abordar esta situación, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite la compatibilidad de las ayudas dirigidas a este grupo con el empleo y otras prestaciones sociales.
El subsidio destinado a este segmento de la población española se concede hasta que la persona alcance la jubilación o encuentre empleo. Además de contribuir a la pensión, este subsidio puede combinarse con el trabajo, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No obstante, dado que el subsidio mensual de 480 euros podría resultar insuficiente en el contexto económico actual en España, el SEPE permite su acumulación con otros dos beneficios públicos.
Es importante destacar que existe un límite de ingresos para poder recibir todas estas ayudas simultáneamente. Para ser elegible para el subsidio destinado a mayores de 52 años, el SEPE establece que los ingresos del beneficiario no deben superar el umbral de carencia de rentas, que equivale a ganar menos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente establecido en 1.080 euros al mes.
Ayudas compatibles con el subsidio:
- Ingreso Mínimo Vital: El Ingreso Mínimo Vital es una prestación diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades esenciales. Aunque esta prestación se concede de forma indefinida, es necesario cumplir ciertos requisitos, uno de ellos es no superar el límite de ingresos. Anualmente, la Seguridad Social solicita a la Agencia Tributaria información sobre los ingresos de los beneficiarios de esta ayuda.
- Rentas de Inserción: También conocidas como ‘salarios sociales’, estas prestaciones se otorgan a las personas en situación de desempleo que no cuentan con ingresos mínimos para mantener una dignidad básica. El cálculo de la renta social se realiza considerando las condiciones de vida del solicitante y los miembros de su familia.
Cada comunidad autónoma establece criterios diferentes para conceder los salarios sociales. Sin embargo, estas ayudas no suelen superar el 70% del salario mínimo y constan de una parte fija y otra variable, que varía según el número de miembros y las circunstancias de la unidad familiar.